Luego de su aprobación en el Senado, hoy entraría en vigencia la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, con lo cual comenzaría a aplicarse el impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento. Asimismo, quedaron fuera de la normativa las compras de bienes o servicios en cuotas realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley, es decir antes del 21 de diciembre. Tampoco serán alcanzadas por la ley las importaciones de bienes para la producción de servicios.
Otros puntos salientes consisten en:
- Facultar al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina",
- Facultar al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%, aunque existirán compensaciones para pequeños productores y cooperativistas. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
- Aumentar en forma progresiva el impuesto a Bienes Personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos. Faculta a la Afip a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales. Se aumenta alícuota de bienes personales para los activos en el exterior. Además, se estableció que se tomará el concepto de "residencia" y no de "domicilio" para determinar quiénes deben pagar el impuesto.
- Autorizar al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020".A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.